AGENDA PARLAMENTARIA HACIA UNA NUEVA DEMOCRACIA
En este espacio me permito presentar las ideas centrales que constituyen la Agenda Legislativa que Bandera Roja se propone llevar adelante en la Asamblea Nacional y que sirve para estimular el debate de ideas en el seno de la Mesa Unitaria Democrática:
1. RECONQUISTAR LA INDEPENDENCIA Y LA MAJESTAD del parlamento con respecto del poder Ejecutivo, y ejercer con sentido democrático y plural su función decisoria en la escogencia de otros poderes
2. DEVOLVER A LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (CRBV) su carácter de ley fundamental y norma de consenso de todos los venezolanos. Para lograrlo deben revisarse –ya sea para buscar su derogatoria o su reforma– las leyes que contravienen sus postulados, tanto en el sentido de negar o constreñir derechos ciudadanos (derechos humanos, a la libre expresión de las ideas, a la manifestación y a la protesta, a la huelga, a la sindicalización sin injerencia del Estado, etc.) y sociales (salud, educación, vivienda, trabajo, etc.), como en el sentido de trastocar principios republicanos contenidos en la Carta Magna (Estado descentralizado, soberano, electivo, alternativo, pluralista, etc.) o de violentar arbitrariamente la conformación estatal (fuerza armada, separación e independencia de los poderes, complementariedad de las distintas instancias de gobierno, etc.).
3. ELABORACIÓN DE NUEVAS LEYES, o reformar algunas existentes, que refuercen el carácter democrático, participativo, soberano y pluralista de la vida ciudadana en los ámbitos del trabajo, del medio ambiente, de los servicios sociales, de las organizaciones comunitarias, gremiales y sindicales, de las asambleas de ciudadanos, de los comités de planificación locales y regionales, entre otros. Se trata de darle un mayor aliento a los aspectos de participación, consulta y debate en el seno del pueblo para decidir cuestiones fundamentales de la nación.
4. DEVOLVER LA FUNCIÓN CONTRALORA a la Asamblea Nacional. En primer lugar, debe vigilar y ser muy estricta y celosa de la direccionalidad del gasto público, de la forma como se presenta y se pretende desarrollar el Presupuesto nacional, y además tener las herramientas necesarias para hacer seguimiento al manejo presupuestario del gobierno nacional, en primer lugar, y de otras instancias del poder Ejecutivo. Para ello se debe rescatar, no sólo nominalmente, la independencia funcional de la AN para ejercer la contraloría de los recursos públicos, independientemente del signo o inclinación política del gobernante o funcionario público. Cuestión importante dentro de esta labor será el poner orden al manejo discrecional y disperso –existencia de fondos “secretos” y manejos irregulares de las divisas, entre otros-, con que cuenta el Ejecutivo para evadir su control por el máximo órgano político de la República.
5. LEGISLAR PARA IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO, apuntalando nuestro carácter soberano y nacionalista. Debemos revisar las leyes referidas a los hidrocarburos y los decretos o convenios firmados en este ámbito, en función de garantizar los mayores y mejores beneficios, hoy y a futuro, para nuestra patria. Debemos revisar y reformar las leyes referidas al uso de la tierra y a la producción agropecuaria, en función de que se vayan incrementando progresivamente nuestras capacidades productivas en el campo y con ello disminuir sustancialmente nuestra dependencia en el suministro y abastecimiento alimentarios. Debemos apuntalar, con modificaciones a las leyes respectivas, la inversión productiva en el sentido de una mayor industrialización de nuestro país con la mira en edificación de una verdadera revolución industrial, lo que a su vez va a requerir un aumento sustantivo de nuestros recursos en materia tecnológica y de investigación científica.
6. CONVERTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL EN FORO PARA EL DEBATE AMPLIO, profundo y fructífero sobre los temas principales de la vida nacional. Al debate debe tratar de imprimírsele un sentido positivo, para que no sea una mera diatriba discursiva sino que vaya en función de catapultar los consensos nacionales para enfrentar los grandes retos que en materia económica, social y política se proponga el país.
Sobre la base de estos seis grandes objetivos, creemos que las leyes que deben ser sometidas al escrutinio nacional y ser base para un gran debate en el país son:
1) Seguridad social integral: completar los dos regímenes faltantes (salud y pensiones) y saldar deudas y pasivos.
2) Fuerza armada nacional: restituir su función no deliberante en política; disminuir su peso en la administración pública civil; respetar la estructura dispuesta en la CRBV; valorar sosegadamente los gastos militares.
3) Del trabajo: contribuir a mejorar colectivamente las relaciones obrero-patronales; avanzar en la atención al trabajo no dependiente;
4) Electoral: respeto a la proporcionalidad; más transparencia y equidad en la escogencia del funcionariado electoral; apoyo a la diversidad de agrupaciones partidistas reales; sistema electoral con reglas más estables y duraderas.
5) Comunicaciones: cese a las discriminaciones en el uso del espacio radioeléctrico; incorporación de avances tecnológicos; multiplicación de los espacios de comunicación para las comunidades vecinales, gremiales, sindicales, etc.; apertura de espacios de servicio público.
6) Ciencia y tecnología: mayor presupuesto y atención para la investigación científica –universitaria en particular– y una mejor vinculación con los sectores productivos; promoción a la inversión en ciencia, tecnología e innovación en el sector productivo nacional.
7) Salud: conformación de un sistema nacional con distribución descentralizada de las funciones; mejoramiento en el equipamiento material y de recursos humanos para todo el sistema en sus distintos niveles de atención.
8) Asamblea de ciudadanos: fomentarlas como formas de organización de los ciudadanos para ejercer sus derechos políticos, independientemente de los partidos, aunque en concordancia con ellos.
9) Participación popular: hacer realidad la opinión de los ciudadanos en los distintos planes y programas de los gobiernos locales y regionales.
10) Industrialización: eliminar tantas trabas burocráticas y alcabalas para el emprendimiento productivo, manufacturero, industrial y agrícola; incrementar las carteras bancarias para la intermediación con el hecho productivo, en vez de seguir aupando acción de los capitales especulativos; proteger, con plazos en el tiempo para su soltura, la producción y el mercadeo con asiento en el país.
11) Primer empleo: dirigido a fomentar la superación profesional y a que permanezcan en el país los profesionales recién graduados, evitando la sangría de conocimiento que está sufriendo la nación.
12) Derechos humanos: reforzar lo planteado en el artículo 23 de la CRBV en su vinculación con el artículo 31 ejusdem. Se trata de hacer valer la universalidad de los derechos humanos y entender que en este ámbito los órganos internacionales que velan por ellos (OIT, CIDH, TIDH, etc.) deben ser respetados en sus orientaciones u ordenanzas.
1. RECONQUISTAR LA INDEPENDENCIA Y LA MAJESTAD del parlamento con respecto del poder Ejecutivo, y ejercer con sentido democrático y plural su función decisoria en la escogencia de otros poderes
2. DEVOLVER A LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (CRBV) su carácter de ley fundamental y norma de consenso de todos los venezolanos. Para lograrlo deben revisarse –ya sea para buscar su derogatoria o su reforma– las leyes que contravienen sus postulados, tanto en el sentido de negar o constreñir derechos ciudadanos (derechos humanos, a la libre expresión de las ideas, a la manifestación y a la protesta, a la huelga, a la sindicalización sin injerencia del Estado, etc.) y sociales (salud, educación, vivienda, trabajo, etc.), como en el sentido de trastocar principios republicanos contenidos en la Carta Magna (Estado descentralizado, soberano, electivo, alternativo, pluralista, etc.) o de violentar arbitrariamente la conformación estatal (fuerza armada, separación e independencia de los poderes, complementariedad de las distintas instancias de gobierno, etc.).
3. ELABORACIÓN DE NUEVAS LEYES, o reformar algunas existentes, que refuercen el carácter democrático, participativo, soberano y pluralista de la vida ciudadana en los ámbitos del trabajo, del medio ambiente, de los servicios sociales, de las organizaciones comunitarias, gremiales y sindicales, de las asambleas de ciudadanos, de los comités de planificación locales y regionales, entre otros. Se trata de darle un mayor aliento a los aspectos de participación, consulta y debate en el seno del pueblo para decidir cuestiones fundamentales de la nación.
4. DEVOLVER LA FUNCIÓN CONTRALORA a la Asamblea Nacional. En primer lugar, debe vigilar y ser muy estricta y celosa de la direccionalidad del gasto público, de la forma como se presenta y se pretende desarrollar el Presupuesto nacional, y además tener las herramientas necesarias para hacer seguimiento al manejo presupuestario del gobierno nacional, en primer lugar, y de otras instancias del poder Ejecutivo. Para ello se debe rescatar, no sólo nominalmente, la independencia funcional de la AN para ejercer la contraloría de los recursos públicos, independientemente del signo o inclinación política del gobernante o funcionario público. Cuestión importante dentro de esta labor será el poner orden al manejo discrecional y disperso –existencia de fondos “secretos” y manejos irregulares de las divisas, entre otros-, con que cuenta el Ejecutivo para evadir su control por el máximo órgano político de la República.
5. LEGISLAR PARA IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO, apuntalando nuestro carácter soberano y nacionalista. Debemos revisar las leyes referidas a los hidrocarburos y los decretos o convenios firmados en este ámbito, en función de garantizar los mayores y mejores beneficios, hoy y a futuro, para nuestra patria. Debemos revisar y reformar las leyes referidas al uso de la tierra y a la producción agropecuaria, en función de que se vayan incrementando progresivamente nuestras capacidades productivas en el campo y con ello disminuir sustancialmente nuestra dependencia en el suministro y abastecimiento alimentarios. Debemos apuntalar, con modificaciones a las leyes respectivas, la inversión productiva en el sentido de una mayor industrialización de nuestro país con la mira en edificación de una verdadera revolución industrial, lo que a su vez va a requerir un aumento sustantivo de nuestros recursos en materia tecnológica y de investigación científica.
6. CONVERTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL EN FORO PARA EL DEBATE AMPLIO, profundo y fructífero sobre los temas principales de la vida nacional. Al debate debe tratar de imprimírsele un sentido positivo, para que no sea una mera diatriba discursiva sino que vaya en función de catapultar los consensos nacionales para enfrentar los grandes retos que en materia económica, social y política se proponga el país.
Sobre la base de estos seis grandes objetivos, creemos que las leyes que deben ser sometidas al escrutinio nacional y ser base para un gran debate en el país son:
1) Seguridad social integral: completar los dos regímenes faltantes (salud y pensiones) y saldar deudas y pasivos.
2) Fuerza armada nacional: restituir su función no deliberante en política; disminuir su peso en la administración pública civil; respetar la estructura dispuesta en la CRBV; valorar sosegadamente los gastos militares.
3) Del trabajo: contribuir a mejorar colectivamente las relaciones obrero-patronales; avanzar en la atención al trabajo no dependiente;
4) Electoral: respeto a la proporcionalidad; más transparencia y equidad en la escogencia del funcionariado electoral; apoyo a la diversidad de agrupaciones partidistas reales; sistema electoral con reglas más estables y duraderas.
5) Comunicaciones: cese a las discriminaciones en el uso del espacio radioeléctrico; incorporación de avances tecnológicos; multiplicación de los espacios de comunicación para las comunidades vecinales, gremiales, sindicales, etc.; apertura de espacios de servicio público.
6) Ciencia y tecnología: mayor presupuesto y atención para la investigación científica –universitaria en particular– y una mejor vinculación con los sectores productivos; promoción a la inversión en ciencia, tecnología e innovación en el sector productivo nacional.
7) Salud: conformación de un sistema nacional con distribución descentralizada de las funciones; mejoramiento en el equipamiento material y de recursos humanos para todo el sistema en sus distintos niveles de atención.
8) Asamblea de ciudadanos: fomentarlas como formas de organización de los ciudadanos para ejercer sus derechos políticos, independientemente de los partidos, aunque en concordancia con ellos.
9) Participación popular: hacer realidad la opinión de los ciudadanos en los distintos planes y programas de los gobiernos locales y regionales.
10) Industrialización: eliminar tantas trabas burocráticas y alcabalas para el emprendimiento productivo, manufacturero, industrial y agrícola; incrementar las carteras bancarias para la intermediación con el hecho productivo, en vez de seguir aupando acción de los capitales especulativos; proteger, con plazos en el tiempo para su soltura, la producción y el mercadeo con asiento en el país.
11) Primer empleo: dirigido a fomentar la superación profesional y a que permanezcan en el país los profesionales recién graduados, evitando la sangría de conocimiento que está sufriendo la nación.
12) Derechos humanos: reforzar lo planteado en el artículo 23 de la CRBV en su vinculación con el artículo 31 ejusdem. Se trata de hacer valer la universalidad de los derechos humanos y entender que en este ámbito los órganos internacionales que velan por ellos (OIT, CIDH, TIDH, etc.) deben ser respetados en sus orientaciones u ordenanzas.
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