ATROPELLANDO A PASO DE DICTADORES
Los últimos acontecimientos ocurridos en la vida política nacional revelan que el paso al que avanza este régimen es el de dictadores, en medio de una descomposición social que, avanza también, en vías de deslegitimarlo, y que, pese a las amenazas, a la intimidación, no ha impedido que broten manifestaciones de protesta en diversos puntos de la geografía venezolana.
El cierre de las emisoras y televisoras, la aprobación de leyes arbitrarias, las acciones fascistas de grupos anárquicos adeptos al régimen, han servido para que los sectores democráticos del país, así como de diversas partes del mundo reaccionen; se expresen. La Mesa Unitaria Democrática del estado Falcón, ha señalado que la salida del aire de 32 emisoras y 2 televisoras en diversos puntos de la geografía nacional, constituyen una flagrante violación a la libertad de expresión consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en diversos tratados suscritos por la nación al respecto. Y que ellas se inscriben dentro de un plan dirigido acallar las voces de protesta que, haciendo uso de los diversos medios de comunicación independientes, ponen al descubierto la podredumbre del régimen, su ineficiencia, corrupción y el creciente malestar que anida en el pueblo venezolano, expresado en las más variadas formas de protestas sucedidas a lo largo y ancho de la geografía nacional.
Vinculan estas medidas, cuestión que comparto, con el afán gubernamental por ocultar su fracaso que, aprovechándose de una genuflexa mayoría en la Asamblea Nacional, ha decidido acelerar su política militarista y autoritaria mediante la aprobación y/o reforma de un paquete de leyes: Delitos Mediáticos; Código Orgánico Procesal Penal; Procesos Electorales; Educación; Propiedad Social, entre otras, para concentrar más aun el poder en detrimento del pueblo venezolano, expresando, adicionalmente, que las mismas no tienen precedentes en la vida política contemporánea venezolana, ni en las sociedades democráticas en las que, la libertad de expresión, constituye un valor fundamental, así como el respecto a la disidencia política.
Todas estas medidas, unidas a la toma por asalto y ocupación de empresas y fincas, así como el estimulo a la persecución y al hostigamiento de la disidencia política, son las que posibilitan acciones como las de Lina Ron en contra de Globovisión, así como la existencia de una clase política que hace del irrespeto, de la intolerancia, del abuso y de la violación de las normas establecidas su práctica habitual, siempre que ello justifique sus ambiciones desmedidas de perpetuarse en el poder.
Esta ocurre en medio de un coyuntura signada, tal como se ha sostenido, por el incremento de la protesta popular, del malestar ciudadano y del resquebrajamiento de la unidad de las fuerzas chavistas que, a todas luces, conducirá a la deslegitimación de la acción de gobierno, así como a la creación de condiciones que faciliten su desplazamiento del poder, más aun si las fuerzas políticas opositoras consolidan una plataforma unitaria nacional que, partiendo de una interpretación correcta de la situación política y de la naturaleza del régimen, generen una alternativa de cambio que capitalice el descontento, realidad que, desde la perspectiva del gobierno, sólo puede ser frenada avanzando a paso de dictadores en el fortalecimiento del Estado militarista, autoritario y fascista.
La unidad del pueblo venezolano, de los sectores populares, progresistas, democráticos es, más que una consigna, una necesidad histórica que ha de ser valorada por los diversos actores políticos, para traducirla en acciones concretas que permitan restablecer la confianza de los ciudadanos y ciudadanas acerca de que una política amplia, democrática, transparente y justa es posible, en nuestras manos está la suerte de la República.
El cierre de las emisoras y televisoras, la aprobación de leyes arbitrarias, las acciones fascistas de grupos anárquicos adeptos al régimen, han servido para que los sectores democráticos del país, así como de diversas partes del mundo reaccionen; se expresen. La Mesa Unitaria Democrática del estado Falcón, ha señalado que la salida del aire de 32 emisoras y 2 televisoras en diversos puntos de la geografía nacional, constituyen una flagrante violación a la libertad de expresión consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en diversos tratados suscritos por la nación al respecto. Y que ellas se inscriben dentro de un plan dirigido acallar las voces de protesta que, haciendo uso de los diversos medios de comunicación independientes, ponen al descubierto la podredumbre del régimen, su ineficiencia, corrupción y el creciente malestar que anida en el pueblo venezolano, expresado en las más variadas formas de protestas sucedidas a lo largo y ancho de la geografía nacional.
Vinculan estas medidas, cuestión que comparto, con el afán gubernamental por ocultar su fracaso que, aprovechándose de una genuflexa mayoría en la Asamblea Nacional, ha decidido acelerar su política militarista y autoritaria mediante la aprobación y/o reforma de un paquete de leyes: Delitos Mediáticos; Código Orgánico Procesal Penal; Procesos Electorales; Educación; Propiedad Social, entre otras, para concentrar más aun el poder en detrimento del pueblo venezolano, expresando, adicionalmente, que las mismas no tienen precedentes en la vida política contemporánea venezolana, ni en las sociedades democráticas en las que, la libertad de expresión, constituye un valor fundamental, así como el respecto a la disidencia política.
Todas estas medidas, unidas a la toma por asalto y ocupación de empresas y fincas, así como el estimulo a la persecución y al hostigamiento de la disidencia política, son las que posibilitan acciones como las de Lina Ron en contra de Globovisión, así como la existencia de una clase política que hace del irrespeto, de la intolerancia, del abuso y de la violación de las normas establecidas su práctica habitual, siempre que ello justifique sus ambiciones desmedidas de perpetuarse en el poder.
Esta ocurre en medio de un coyuntura signada, tal como se ha sostenido, por el incremento de la protesta popular, del malestar ciudadano y del resquebrajamiento de la unidad de las fuerzas chavistas que, a todas luces, conducirá a la deslegitimación de la acción de gobierno, así como a la creación de condiciones que faciliten su desplazamiento del poder, más aun si las fuerzas políticas opositoras consolidan una plataforma unitaria nacional que, partiendo de una interpretación correcta de la situación política y de la naturaleza del régimen, generen una alternativa de cambio que capitalice el descontento, realidad que, desde la perspectiva del gobierno, sólo puede ser frenada avanzando a paso de dictadores en el fortalecimiento del Estado militarista, autoritario y fascista.
La unidad del pueblo venezolano, de los sectores populares, progresistas, democráticos es, más que una consigna, una necesidad histórica que ha de ser valorada por los diversos actores políticos, para traducirla en acciones concretas que permitan restablecer la confianza de los ciudadanos y ciudadanas acerca de que una política amplia, democrática, transparente y justa es posible, en nuestras manos está la suerte de la República.
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